SANTO DOMINGO. Estos recursos, los cuales incluyen todas las partidas tributarias, representan la sumatoria del total pagado al Estado dominicano por concepto de impuestos, en el período 2008-2020, llegando al monto de 5 billones 114,649 millones de pesos, según datos registrados por el propio Gobierno.
Estamos hablando de una cifra similar a la establecida en el Presupuesto General del Estado de 2021, que es de un billón 37 mil millones de pesos, pero multiplicada por 5.
En el plazo citado, las recaudaciones tributarias han venido aumentando sostenidamente, sólo en 2009 y 2020 hubo disminuciones con respecto a los años anteriores, pero después de ahí se han mantenido en constante crecimiento.
Para que tengan una idea de lo que RD tributa, solo en dos años, en 2018 y 2019, los dominicanos pagaron un billón 167 mil millones de pesos al Gobierno.
Estas estadísticas muestran que a pesar de que la presión tributaria es baja, entre un 13% y 14%, República Dominicana tributa significativamente.
Al ver la astronómica cifra de estos 13 años, uno se detiene a pensar en que a lo mejor con esos recursos se pudo hacer más en el país en materia de salud, educación, infraestructuras, agropecuaria, en la inocuidad de los productos para exportar más, en el sistema energético y en otras tantas áreas que merecen una mayor atención.
Pero luego se observa que en el país existe un círculo vicioso que señala que un 25%, en promedio, de esos ingresos tributarios se destinaban solo para el pago de intereses de la deuda pública, la cual se ha estado incrementando a un ritmo bastante acelerado en las últimas dos décadas.
Aunque se han realizado algunas inversiones que se pudieran resaltar, otra buena parte de esos recursos que llegaron al fisco merecía un mejor destino, ya que en el país todavía no se han resuelto los principales problemas que históricamente le aquejan.
La solución al círculo vicioso está en ir disminuyendo las necesidades de préstamos, aumentar la calidad del gasto público y en seguir engrosando los ingresos tributarios por vía de reducir la evasión y las exenciones fiscales que ya hayan cumplido sus objetivos.