SANTO DOMINGO. El Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó que llegaron a un acuerdo en las negociaciones con la empresa fabricante para la adquisición de 175 mil medidores de telemedición que tradicionalmente han sido usados por las empresas distribuidoras de electricidad, en un período de 8 a 12 meses, “logramos una reducción de precio alrededor de 19 millones de dólares equivalentes a 1,100 millones de pesos, en comparación con la última compra realizada de estos mismos equipos en el año 2019”.
La información fue dada a conocer por Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad durante una rueda de prensa en la que también estuvo presente el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.
Astacio afirma que “si la administración pasada hubiese adquirido estos equipos a los precios actualmente ofertados y no mediante intermediarios, los 890 mil medidores adquiridos hubiesen representado un ahorro para el gobierno dominicano de 90 millones de dólares equivalentes a 5 mil 220 millones de pesos, para las cuentas públicas y el Estado”. Estimó un total de 30 mil millones de pesos mal administrados durante la pasada administración.
Indicó que la primera compra unificada de las empresas distribuidoras de electricidad ha logrado el mejor precio del mercado obteniendo un costo promedio de 129.09 dólares por unidad mientras que anteriormente tenía un precio promedio histórico de 231.80 dólares por unidad, se acordó una compra directa al fabricante, tecnología requerida, asegurando calidad y servicio postventa además de buenos términos de pago.
Manifestó que esta operación se enmarca dentro de la estrategia del presidente Luis Abinader para garantizar el servicio energético constante a toda la población en el largo plazo.
Asimismo el Consejo de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad informó además que evalúa las posibles acciones legales sobre las malas decisiones administrativas que se realizaron en el pasado, que pudieron costarle al Estado sobre el 80% de la inversión que realizaron las empresas distribuidoras, para lo cual hemos contratado los abogados que llevaran a cabo este proceso.
