SANTO DOMINGO. La nueva Ley 46-20 Transparencia y Revalorización Patrimonial es rechazada por una gran cantidad de personas que han dejado comentarios negativos sobre esta legislación en la Página de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), entidad que debe encargarse de su aplicación.
Los comentarios de rechazos han surgido luego de su promulgación y de que la DGII publicara un borrador sobre la norma que permitiría su implementación.
Esta ley que busca que las personas físicas y jurídicas que tengan bienes económicos no transparentados o revalorizados, ante la administración fiscal, puedan hacerlo con algunas facilidades contenidas en la legislación, pero a la vez con algunos requisitos que deben cumplir.
Luego de publicado el borrador, para su estudio, de la norma de aplicación de la Ley 46-20 se han generado más de 852 comentarios, los cuales en su gran mayoría rechazan la legislación de reciente promulgación.
Y además, de los comentarios publicados hasta el momento, los que no la rechazan tampoco la aprueban, sino que solicitan más información.
Entre los comentarios de rechazos a esta legislación se destacan algunos que entienden que esta Ley permitiría aún más el lavado de activos.
Sin embargo, en su artículo 5, la Ley 46-20 plantea que no podrán ser declarados los bienes o activos que hayan sido adquiridos producto de actividades ilícitas, lo cual en caso de establecerse por decisión judicial, facultaría a la DGII a dejar sin efecto las ventajas tributarias que hayan resultado de la aplicación de esta Ley, procediendo al cobro de los intereses, recargos y penalidades que pudieran aplicar.
“Me parece una disposición totalmente irracional y fuera de contexto, cuando se desea, se persiguen a las personas que no han justificado sus fortunas pero de la noche a la mañana y en medio de una crisis sociopolítica surge esta ley. También al igual que Raul quisiera saber cómo protegerán al país de la legitimación de los testaferros y del lavado de activos. También cómo se perseguirán, enjuiciarán y condenarán a los que tienen bienes mal habidos, sin una justificación legal correcta. Gracias”, este es el comentario de Vanessa Languasco Méndez, colgado en la página de la DGII.
“Hola, NO. No estoy de acuerdo con la ejecución de la ley 46-20, y el patrimonio que no pueda ser justificado debe ser investigado según la ley de lavado de activos”, así dice el comentario de Antonio.
“Pienso que el pueblo no esta de acuerdo con esto. No sé, digo yoooo” y así se expresó Arturo Alcántara.
