La CEPAL recomienda reducir los espacios que permiten la evasión tributaria en la región

    La Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL) estima que los países de la región tuvieron pérdidas por 325,000 millones de dólares en 2018, los cuales representaban un 6.1% del producto interno bruto (PIB).

    Es por ello que para reducir esas pérdidas, en su más reciente informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, la CEPAL advierte que se requerirá una mayor inversión en las autoridades fiscales y aduaneras, incluso con apoyo internacional, tal como se indica en la meta 17.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Esta meta establece fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.

    El informe también muestra las estrategias para fortalecer los ingresos públicos de forma progresiva y eficaz. Señala que dar sostenibilidad a una política fiscal expansiva requiere generar ingresos fiscales que permitan financiar las acciones de gasto público.

    Sin embargo, históricamente, los ingresos públicos de América Latina y el Caribe han sido insuficientes para atender las demandas del gasto público, lo que ha dado lugar a un sesgo deficitario y a una tendencia procíclica de la política fiscal.

    El estudio también precisa que la presión tributaria es baja, incluso si se compara con otros países que tienen un nivel de desarrollo similar. Refleja que en 2018 la recaudación tributaria de los gobiernos generales de América Latina y el Caribe representó un 23.1% del PIB en promedio, lo que es muy inferior al promedio del 33.9% que se observa en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

    Además, la investigación sostiene que los sistemas tributarios de la región tienden a ser regresivos, con impuestos indirectos que representan más del 50% de la recaudación total. En este sentido, expresa que el fortalecimiento de los ingresos públicos es un reto de corto y mediano plazo que debe atenderse de forma prioritaria para convertir los sistemas tributarios en instrumentos activos que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.