DGCP y Contraloría acuerdan estandarizar criterios para evaluar expedientes de contrataciones públicas

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría

General de la República dejaron conformada una mesa técnica

interinstitucional que busca establecer criterios estandarizados para la

evaluación y verificación de los procedimientos de contratación pública, a fin de

contribuir a la agilización de los tiempos de pagos a los proveedores del Estado

y robustecer los controles internos.

 

Durante una reunión entre el Director General de Contrataciones Públicas,

Carlos Pimentel, y el contralor general de la República, Catalino Correa

Hiciano, ambos funcionarios coincidieron en que una de las razones que suele

retrasar el pago a los contratistas es la diversidad de criterios de los auditores

de las distintas instituciones, a la hora de evaluar los expedientes de compras,

razón por la que es necesario estandarizar el proceso de verificación de la

documentación a fin de reducir la discrecionalidad de la evaluación y evitar la

devolución de expedientes.

 

Asimismo, los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron la creación

de un curso básico especializado para auditores, orientado a robustecer su

formación en cuanto a las políticas y normativas que rigen las contrataciones

públicas, así como la creación de una base de acceso a datos compartidos que

permitiría rastrear la trayectoria de los expedientes, desde su planificación

hasta el momento del pago por parte de la Tesorería Nacional.

“Hemos desarrollado una agenda que va a permitir fortalecer los lazos de

colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer los controles,

garantizar el cumplimiento de la Ley 340-06, y al mismo tiempo, esa

coordinación va a permitir que los procesos de contratación, desde la etapa de

planificación hasta la etapa de pago, puedan ser mucho más ágiles en

beneficio del país, de los proveedores y del Sistema de Compras y

Contrataciones”, puntualizó Pimentel.

 

Por su parte, el titular del órgano rector del control interno, agregó que el

interés de ambas instituciones es contribuir a eficientizar y transparentar la

administración pública. “Estos son los órganos vitales para el funcionamiento

efectivo de la economía y estamos revisando qué debemos mejorar, tanto en la

ley 340-06 como en la 10-07”, dijo Correa Hiciano.

 

Otro de los aspectos a tratar por parte de la mesa técnica, es la agilización del

Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, creado

mediante el decreto 36-21, emitido por el presidente Luis Abinader el pasado

mes de enero, para apoyar la gestión de riesgos, los controles financieros y no

financieros, las auditorías internas, la certificación de unidades de compra y los

códigos de conducta, entre otros puntos.